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Foto del escritorSuárez Consultoría

Las tres ponencias de la pensional que pasan a examen del Congreso

Pasado mañana se retoman las actividades en el Congreso, que deberá fijarle fecha al debate. 

El inicio de la actividad legislativa en Colombia el próximo viernes 16 de febrero vuelve a agitar el debate en torno a las tres grandes reformas que se ha propuesto sacar adelante el gobierno de Gustavo Petro –laboral, salud y pensiones–, sobre las cuales hay gran expectativa frente a su aprobación por el impacto que tendrán en las finanzas públicas, sobre todo las dos últimas.


De estas, la pensional es quizás una de las más avanzadas en el Congreso, ya pasó su primer debate y lo que sigue ahora, cuando se inicien las sesiones del Legislativo, es su discusión en la plenaria del Senado, para lo cual falta que se fije la fecha para ello.


Los legisladores se encontrarán con tres ponencias para debatir. La primera, presentada por la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, propone archivar el proyecto por considerar que de aprobarse tal como está planteado, crearía un sistema que no será sostenible hacia el futuro.


Será la primera ponencia en votarse, pues así lo manda el reglamento, según explica Daniel Wills, vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, gremio que representa a las AFP Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, quien agrega que si esa iniciativa prospera, el proyecto se archivará.


De no ser así, los legisladores tendrán que discutir y votar las otras dos ponencias existentes, según el orden de radicación, por lo que ese turno le corresponderá, entonces, a la presentada por la senadora Norma Hurtado, del partido de ‘la U’, que fue radicada antes que la del Gobierno y la cual tiene tres grandes diferencias con esta.


Wills comenta que lo propuesto en la ponencia de la senadora Hurtado es que se baje el umbral del pilar contributivo, es decir que quienes estén obligados a aportar para su jubilación a Colpensiones sean aquellas personas que devenguen hasta 1,5 salarios mínimos y no tres, como propone el Gobierno.



Otra de las diferencias está relacionada con el manejo de los recursos que lleguen a Colpensiones, el cual se haría a través del Fondo de Ahorro Público, que se tendrá que crear al amparo de esa reforma. Sin embargo, mientras el Ejecutivo considera que este debe ser administrado por dicha entidad pública, la propuesta del partido de ‘la U’ señala que esa labor tendría que estar en cabeza del Banco de la República.



La tercera diferencia tiene que ver con los subsidios a quienes no se pensionan, frente a lo cual la legisladora propone que se otorguen cuando se llegue a la edad de pensión, no tres años después, como lo plantea el Gobierno.


Ajustes esperados

Para algunos expertos consultados, tanto el Gobierno como el Legislativo están a tiempo de hacer los ajustes necesarios al proyecto de reforma pensional, si se quiere que este no solo avance en el Legislativo sino que esos cambios permitan asegurar la viabilidad financiera del sistema en el tiempo.



Por eso insisten en que los temas que deben revisarse con cuidado pasan por definir en qué entidad recaerá la responsabilidad del manejo del Fondo de Ahorro Público propuesto, la fijación del umbral adecuado que debería tener el pilar contributivo, el régimen de transición, las ayudas que recibirán los adultos mayores que no tienen ingresos y hasta la posibilidad de hacer ajustes en la edad de jubilación, entre otros temas fundamentales.


José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, es de los que creen que de las tres reformas sociales que aguardan discusión y votación en el Congreso, la pensional es la que tiene mayores posibilidades de que pueda pasar el examen, dado que es la que “genera menos controversia”, según lo dejó saber en una columna publicada en la edición del domingo pasado en EL TIEMPO.


Lo cual no significa que deba aprobarse tal cual se encuentra en este momento, a pesar de que busca corregir varias imperfecciones del sistema actual, como la competencia de los dos regímenes actuales bajo condiciones dispares, los subsidios a las pensiones de personas de más altos ingresos y la desatención de los adultos mayores, quienes podrán recibir un ingreso por lo menos equivalente a la línea de pobreza extrema para su supervivencia en esa etapa de sus vidas.



“El proyecto debe ser objeto de algunas revisiones”, señaló Ocampo en su escrito, en el que dejó claros cuatro temas fundamentales que deben ser analizados y debatidos por los legisladores.


El primero, y uno de los más importantes, la garantía de buen manejo del Fondo de Ahorro Público, que en su opinión debería estar a cargo del Ministerio de Hacienda y tener la posibilidad de invertir sus recursos a través de fondos financieros privados”.



El segundo punto es el umbral de las cotizaciones que deben hacerse a Colpensiones, que debe bajar de tres salarios mínimos a uno y medio o máximo dos. También considera que el régimen de transición debe mantenerse en 1.000 semanas y no en 750, como se propuso, así como tampoco conviene reducir las semanas cotizadas por las mujeres a 1.000.


Ocampo también es partidario, aunque en el proyecto no se incluyó, de que se toque la edad de jubilación, porque tarde o temprano habrá que hacer otra reforma para ello, porque las que tiene Colombia no solo son unas de las más bajas, sino que eso genera un problema de sostenibilidad, dice.



En ello coincide un reciente análisis de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ‘Reforma al sistema de protección económica a la vejez: ¿de todos y para todos?’, en el que plantean que uno de los cambios, de los tres que proponen al actual proyecto de reforma, es aumentar la edad mínima de pensión.


proponemos un aumento menor, de solo 3 años para hombres y mujeres. Pero sería ideal que en la reforma quedara una edad de pensión atada a la esperanza de vida y por tanto haya ajustes pequeños y automáticos a medida que vivimos más”, dicen sus autores.



Las otras dos propuestas se relacionan con la reducción del umbral, que debería ser de 1,5 salarios mínimos y no de 3, pues esto “permitiría que el Estado garantice niveles de ingreso básico para los pensionados, dejando en manos del ahorro individual –no de los subsidios– los complementos a los ingresos del pilar de reparto para las personas de mayores ingresos”.



Por último, consideran necesario mantener las 1.300 semanas de cotización a las mujeres y que se mantenga el bono por cada hijo.



Y en cuanto al Fondo de Ahorro Público, el análisis señala que su diseño “debería favorecer una distribución más suave de las cargas del déficit pensional entre generaciones. Una forma de hacerlo es a través de ‘cuentas generacionales’ en las que los recursos que contribuyó cada generación al Fondo solo se usen para el pago de pensiones de esa generación”.



Para Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos, es clara la necesidad de un ajuste al sistema actual de pensiones colombiano, lo cual implica simplificarlo y unificarlo en un modelo que sea sostenible. También, que haya una articulación con buena política pública desde la perspectiva laboral, de tal forma que garantice que todos los colombianos están construyendo, en la medida de nuestras posibilidades, un ahorro para su futuro.



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