A medida que se acerca el cierre del año 2023, las empresas en Colombia se encuentran ante una encrucijada crucial: el inminente incremento del salario mínimo, que según analistas y proyecciones económicas, podría alcanzar un 11,78% en 2024, equivalente a $136.681 pesos más que la cifra actual.
El proceso de fijación del salario mínimo en Colombia involucra a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que incluye representantes del sector privado, sindicatos y el Gobierno. La negociación está programada para comenzar el 28 de noviembre, y una vez alcanzado un acuerdo, el Gobierno tiene la responsabilidad de establecer el nuevo valor, considerando factores como la inflación proyectada, la productividad y el impacto en los costos laborales de las empresas.
Este aumento tiene implicaciones directas en el tejido empresarial del país, ya que obliga a los empleadores a realizar ajustes contractuales que se basan en el salario mínimo, afectando su capacidad de contratación y generando ajustes presupuestales que pueden repercutir en las utilidades.
Es crucial destacar que el aumento del salario mínimo no solo afecta el reajuste salarial de los trabajadores que ganan dicho salario, sino también a aquellos que devengan un salario mínimo integral y a quienes ganan más de 10 salarios mínimos al año.
Expertos legales, como María Isabel Vinasco Lozano, coordinadora de litigios en Godoy Córdoba, advierten que no cumplir con este aumento obligatorio puede acarrear multas o sanciones para los empresarios, que podrían llegar a ser equivalentes a 5,000 veces el salario mínimo mensual vigente, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, la no adherencia a esta disposición podría resultar en la terminación del contrato de trabajo y otros costos económicos significativos.
Vinasco también señala que un aumento excesivo del salario mínimo podría obstaculizar la contratación formal en el país, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que constituyen el 99,6% de los negocios formales y generan el 40% del producto interno bruto y el 65% del empleo. Esto podría llevar a un aumento de la informalidad laboral y afectar la competitividad internacional de Colombia frente a otros países en desarrollo.
Ante este escenario, se insta a los empresarios a colaborar con sus equipos legales y de recursos humanos para tomar medidas proactivas que garanticen que sus políticas y prácticas se ajusten al próximo incremento, fomentando así una relación laboral justa y productiva.
Fuente; Portafolio
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