En el siglo XIX, una de las primeras campañas globales fue la de los “Tres Ocho”. En decenas de naciones, la sociedad civil se unió para lograr la jornada máxima de trabajo y una jornada máxima menor para la niñez trabajadora. Una de las consecuencias de esa campaña fue la aparición del 1º de mayo, el Día Internacional del trabajador y la trabajadora. En aquella época, los propietarios argumentaban que el contrato de trabajo tenía que ser de naturaleza civil, por tratar este sobre una mercancía que se intercambiaba por un dinero acordado en el ejercicio de la autonomía contractual entre dos partes legalmente iguales, un asunto privado donde el Estado no debía intervenir.
Sus argumentos económicos sostenían que la inflexibilidad contractual o la jornada máxima impedían atender las fluctuaciones de la demanda o reducían beneficios, y defendían el trabajo infantil porque era una ayuda a la economía familiar y formaban al muchacho o muchacha en un oficio y en la disciplina necesaria. Ciertos argumentarios de hoy que sacralizan el trabajo como mercado, la flexibilización laboral o la propiedad privada, suenan a esas viejas canciones. Varios cataclismos tuvieron que ocurrir para llegar al reconocimiento del contrato laboral, la jornada máxima y el salario mínimo, así como para prohibir el trabajo a la niñez y permitir la creación de estados de bienestar o el Estado Social de Derecho, pilar de la constitución. Recuerdo esto porque, como dirían los españoles, de esos polvos estos lodos. No olvidemos que la dialéctica ve la historia como un espiral en la que los hechos van y vienen, pero nunca vuelven al mismo sitio. Por eso estos argumentos del siglo XIX se parecen a los usados hoy para oponerse a la protección de los derechos laborales individuales y colectivos de la Constitución de 1991.
Nosotros en el Gobierno lo que vemos son impactos positivos con la reforma laboral, estos son algunos: • Reduce el desequilibrio entre los derechos de los empresarios y los de los trabajadores y contribuirá a mejorar la calidad de vida, los ingresos y las condiciones de trabajo de al menos 11 millones de personas y sus familias. • Abre la oportunidad para formalizar hasta 2.5 millones de trabajadores, el 20 % de los trabajadores y trabajadoras informales del país, trabajadores del campo, de las aplicaciones de envíos a domicilio, los aprendices y las personas empleadas en el servicio doméstico. • Incorpora a la ley reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y órganos de control de la OIT sobre el contrato de trabajo, límites a la tercerización, jornada máxima, salario digno, contratos sindicales, pactos colectivos, negociación colectiva, normalización de la huelga y protección a los trabajadores y trabajadoras que requieren atención especial. • Aclara, estabiliza y potencia el derecho laboral, que hoy se encuentra sujeto a innumerables interpretaciones, vacíos u omisiones legislativas, o por la existencia de normas sobre los mismos temas, pero con distinto contenido, que han terminado por convertir la jurisprudencia en la fuente principal de interpretación y no las normas jurídicas. • Busca dar más libertad a las ciudadanas y ciudadanos respetando la reducción de la jornada laboral que empieza este año, pero devolviendo los días de la familia y las dos horas de formación, recreación y deporte. Distribuye mejor las cargas de la vida laboral extendiendo la licencia de paternidad a 12 semanas. • Disminuye la incertidumbre de los contratos inestables y sin beneficios que terminan convirtiéndose en eternos y no permiten a las personas tener la posibilidad de decidir un proyecto de vida. • Busca dar más libertad, disminuyendo los obstáculos para sindicalizarse y poder negociar las condiciones de trabajo en todos los niveles, mejorándolas. Esta es una ley de mínimos. • Busca disminuir la desigualdad, la explotación y la subordinación y las prácticas de acoso laboral en el mundo del trabajo a través de las medidas de formalización, de paso a contratación a término indefinido, de debido proceso para transformar la cultura de las relaciones laborales haciéndolas menos verticales. • Es un mecanismo de crecimiento de la productividad mejorando la calidad de vida vía ingresos, libertades, tiempo libre y protección social. Es un mecanismo anticíclico para mejorar la capacidad de consumo y aumentar la entrada de capitales a la economía en riesgo de estancarse. Hannah Arendt propuso en “La Condición Humana” un horizonte de las personas como ciudadanas que han roto las cadenas de la necesidad, del temor y la repetición alienada de la producción en serie y logran entrar en la esfera de la política, el lugar de la vida pública de todos que está al centro de la idea de nación que la constitución nos sigue proponiendo. Hoy la pregunta que como sociedad debemos hacernos es qué podemos hacer para mejorar la vida de millones de personas que trabajan y sufren de pobreza y de falta de libertad de expresión o asociación en sus sitios de trabajo. Esa es la pregunta que nos hacen principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad, la participación y la vida digna. El proyecto de reforma laboral apunta en esa dirección. Las puertas del diálogo se vuelven a abrir el 20 de julio.
Fuente: Portafolio
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