La Corte Constitucional decidió dos demandas contra los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 2277/22 (reforma tributaria), referentes al impuesto al patrimonio en aspectos como sujetos pasivos, hecho generador, base gravable y causación.
Las acciones argumentaban que se vulneran los principios de equidad horizontal e igualdad al tratar de manera idéntica a contribuyentes con diferente capacidad de pago y por la falta de diferenciación entre contribuyentes con y sin liquidez.
Además, los demandantes afirman que se violaron los principios de equidad tributaria y el derecho a la propiedad porque se generan escenarios de múltiple tributación, pues los impuestos de renta y predial recaen sobre la misma realidad económica.
La Corte Constitucional se declaró inhibida por no cumplirse con la carga argumentativa especial que se exige a un ciudadano cuando alega la vulneración del principio de igualdad. Además, por presentar cargos inespecíficos, pues no se propusieron argumentos concretos para demostrar que el impuesto tiene efectos confiscatorios (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).
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