Desvelando la realidad económica, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha presentado un análisis revelador sobre los desafíos que podrían desvestir la estabilidad financiera en 2024. Aunque las proyecciones sugieren el cumplimiento de la regla fiscal en 2023, el Carf advierte sobre retos significativos que podrían alterar este panorama.
La entidad estima que ajustes de gastos equivalentes al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente $23 billones, serán necesarios para cumplir con el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla Fiscal. Este ajuste resultaría en un balance primario neto estructural de -0,2% del PIB, señalando una situación financiera delicada que requiere atención.
El Carf identifica como el principal factor de riesgo la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos, especialmente en el rubro de arbitramento de litigios, que asciende a la considerable suma de $15 billones. Una falla en la recaudación proyectada de arbitramentos podría llevar el déficit gubernamental de un 4,4% del PIB en 2023 a un alarmante 5,1% del PIB en 2024, según advierte el Comité.
Adicionalmente, se proyecta un aumento de la deuda neta entre 2 y 4 puntos del PIB para 2024, revirtiendo la tendencia observada posterior a la pandemia y generando preocupaciones sobre la estabilidad fiscal a largo plazo. Este panorama, según el Carf, ejercería presión sobre la prima de riesgo, alejando aún más las finanzas públicas del objetivo crucial de consolidación fiscal.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024 también es objeto de análisis crítico por parte del Carf. Según el Comité, este presupuesto no deja margen de maniobra ante posibles incumplimientos en el plan de ingresos o la aparición de choques económicos inesperados. Se resalta que el gasto primario, excluyendo pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec), experimentaría un aumento considerable de $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6%), mientras que los ingresos estructurales solo aumentarían en $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios.
Para el presente año, el Carf indica que, aunque existen desviaciones en algunos supuestos macroeconómicos que afectan negativamente los ingresos tributarios y de capital, los ajustes en los componentes cíclicos de la Regla Fiscal permiten compensarlos sin necesidad de recortar el gasto primario. Se proyecta que, con una ejecución total del gasto fiscal programado, el déficit fiscal alcance el 4,4% del PIB, en consonancia con el Balance Primario Neto Estructural requerido por la Ley de la Regla Fiscal.
Finalmente, el Carf destaca que factores como una tasa de cambio inferior a la esperada y una menor inflación en la segunda mitad del año contribuyen a una disminución considerable en el pago de intereses en comparación con lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto resultaría en una reducción significativa de la deuda neta, pasando de 57,9% del PIB en 2022 alrededor del 55% del PIB para el cierre de 2023.
Fuente: La República.
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